Trump estropea el sueño americano de una familia migrante venezolana
La familia Tonito soportó un viaje de 14 meses para llegar a un refugio seguro en EE.UU. Bajo la nueva administración, esa perspectiva se esfumó en dos meses.
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Para la familia Tonito, Estados Unidos debía ser un refugio.
Soportaron un angustioso viaje de 14 meses por Sudamérica, cruzaron la infame selva del Tapón del Darién y feroces vías fluviales, viajaron encima de un tren de carga en México, todo impulsado por la esperanza de una vida más estable.
Pero a poco más de dos meses de que iniciara la presidencia de Donald Trump, la sensación de seguridad ha desaparecido por completo. Cada nueva represión política —con un creciente enfoque en venezolanos como ellos— se siente como un paso más hacia su expulsión.
Presenciaron cómo la administración actuó con rapidez para cancelar la solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One —el sistema en el que confiaba su hija mayor, que no logró cruzar la frontera norte de México. Vieron cómo se desvanecían las protecciones, incluida la propuesta de cancelación del Estatus de Protección Temporal para grupos de venezolanos como ellos. Ahora, perciben un esfuerzo más amplio en juego: una administración decidida a hacer la vida de los inmigrantes indocumentados tan desagradable que terminen por salir por su cuenta
“Cuando tomamos la decisión de viajar a este país, Estados Unidos, nuestro sueño fue siempre tener una vida mejor para nuestros hijos, que estudiaran, se graduaran y tuvieran una carrera; tal vez que fueran periodistas o abogados”, dijo Pedro, el esposo y padre de familia. “Siempre pensé que era un país de oportunidades. Ese era mi sueño”.
El sueño interrumpido
Los Tonito llegaron a territorio estadounidense en 2023, en una época en la que se batían récords de cruces en la frontera sur. Desde el principio no ha sido fácil, pero han tenido pequeñas victorias a lo largo del camino. Encontraron trabajo, una casa en Detroit, Michigan, y celebraron el nacimiento de su hijo menor, Lian, de siete meses, que es estadounidense gracias a la disposición de ciudadanía por nacimiento que Trump está buscando prohibir.
La familia no está aquí ilegalmente. Además de tener un caso de asilo pendiente en un tribunal federal de inmigración, han sido aprobados para el programa TPS que, al menos por el momento, protege de la deportación a más de un millón de extranjeros de 17 países y les otorga autorización para trabajar. Aunque una orden judicial ha bloqueado el plan de la administración Trump de revertir esas protecciones a partir de la próxima semana, los esfuerzos aún han dejado a los Tonito, como a millones de personas más, atrapados entre el miedo a la deportación y la esperanza de construir sus vidas en EE.UU.
En su llegada a EE.UU., la familia se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas. Fueron procesados y, como miles de otros solicitantes de asilo recién llegados que cruzan la frontera cada día, se dirigieron a un refugio temporal en la ciudad de Nueva York.
Pedro tenía mucho trabajo en Nueva York, incluso viajó a Florida para ayudar en las tareas de limpieza después de que el huracán Milton devastara partes del estado. Las jornadas eran largas y apenas veía a su familia, pero el año pasado ganó lo suficiente como para recibir una cuantiosa devolución de impuestos.
Ese mismo dinero financiaría ahora su mudanza si decidieran abandonar Estados Unidos.
Tras el nacimiento de su hijo, la familia se mudó a Detroit con amigos sudamericanos —también solicitantes de asilo a los que conocieron en Nueva York. Esperaban que la ciudad del Medio Oeste les ofreciera una vida más tranquila y segura para su familia en crecimiento.
Sus amigos alquilaron una casa de dos pisos al noroeste del centro de Detroit, en un barrio de bajos ingresos. Los Tonito comparten una habitación individual en el segundo piso, lo que les ayuda a cubrir los gastos y a repartir las tareas del hogar.
Pero ha habido altibajos.
Pedro ha pasado por periodos de desempleo, pero él y su esposa, Adriana, ahora trabajan para una empresa de limpieza que presta servicios a una instalación cercana de Amazon. Su hija de 17 años se escapó en febrero con un chico venezolano que conoció en Nueva York. No se ha puesto en contacto con ellos en semanas.
Adriana recoge su identificación en una instalación de Amazon para empezar a trabajar al día siguiente. Adriana trabaja con un servicio de limpieza por contrato, de 9 de la noche a 7 de la mañana.
La familia con la que viven compró recientemente un vehículo que permanece en el patio trasero a la espera de piezas y papeles.
Pedro juega con su hija y con el niño cuya familia comparte la casa.
Adriana habla por teléfono con su hija, Fedra, mientras Pedro juega con la pequeña, Lian.
Detroit, una ciudad en expansión construida para los autos, resulta difícil de recorrer. Afortunadamente, el distrito escolar local ofrece un viaje compartido para su hija menor, Izzy Fernanda, de 7 años, dado que la familia está considerada como sin hogar según las leyes federales de educación.
Izzy se está adaptando a la escuela, dijeron sus padres, y está aprendiendo inglés. Cuando le preguntaron cuál era su asignatura favorita, tímidamente escondió la cabeza en el regazo de su padre.
“Tenemos mucho miedo. Cada día más”, dijo Pedro. Con su esposa mirando, dijo que quiere que sus hijos, especialmente su hijo ciudadano estadounidense, crezcan en EE.UU. Pero puede ver lo que se avecina.
Mano dura de Estados Unidos
La administración Trump ha ampliado rápidamente su ofensiva contra la inmigración, involucrando a múltiples agencias federales —desde los departamentos de Defensa y Justicia e incluso el Tesoro— para reforzar las filas de agentes federales de inmigración en la frontera y en el interior del país.
Los funcionarios de inmigración se comprometieron inicialmente a centrar los esfuerzos de deportación masiva que prometió el presidente en los extranjeros con antecedentes penales, pero la campaña se ha ampliado para apuntar a aquellos con protecciones humanitarias temporales, titulares de visados e incluso algunos residentes permanentes legales.
Los inmigrantes indocumentados en EE.UU. son cada vez más conscientes de sus derechos, ya que los grupos de defensa de todo el país han ampliado su apoyo, como la divulgación jurídica y los talleres sobre cómo responder cuando los agentes federales se acercan a ellos en casa o en el trabajo.
Los estadounidenses de primera y segunda generación mostraron su apoyo durante la marcha.
En las primeras semanas del segundo mandato de Trump, el gobierno informó de decenas de miles de detenciones por parte de agentes de inmigración, pero las autoridades han dejado de publicar cifras periódicas de deportaciones, lo que dificulta la evaluación del ritmo actual.
El gobierno ha seguido publicitando la aplicación de la ley a través de imágenes en las redes sociales de vuelos de deportación, incluyendo aquellos que muestran a detenidos con grilletes que son trasladados a prisiones de máxima seguridad en El Salvador. Entre ellos había decenas de hombres acusados de pertenecer a bandas venezolanas, que fueron deportados a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión y de documentos de la administración Trump que reconocían que muchos no tenían antecedentes penales en EE.UU.
Beatriz López, codirectora ejecutiva de Immigration Hub, un grupo de defensa de los migrantes, dijo que parte de la estrategia general de la administración Trump parece ser crear un efecto disuasorio. Y el enfoque en los venezolanos, dijo, “es un objetivo fácil”.
“Vinieron aquí legalmente, a través de vías legales, están pidiendo asilo legalmente o tienen TPS”, dijo López. “La mayoría son recién llegados y es muy fácil identificarlos. Es como una tortura para ellos”.
Demasiado miedo para volver
De los casi 28.000 deportados que EE.UU. ha enviado a México desde que Trump asumió el cargo, al menos 4.000 no son mexicanos, la mayoría procede de Venezuela, Colombia o Haití, según los últimos datos.
Mientras que muchos de ellos pueden decidir quedarse en México en busca de oportunidades de trabajo, otros esperan solo quedarse el tiempo suficiente para ganar dinero para el viaje de retorno. Pocos están considerando cruzar a EE.UU. por tierra desde México, lo que derivó en que los cruces por la frontera sur de Estados Unidos cayeran a un mínimo histórico de 7.000 en marzo.
Ese es el sentimiento predominante en Casa Indi, un comedor y refugio para migrantes en Monterrey, donde la mayoría de las personas que fueron deportadas recientemente desde EE.UU. no tienen intención de regresar.
“Desde que llegó Trump, ya no nos quieren allá. No tiene sentido intentar ir para allá”, dijo Esteban Casas, un hondureño de 43 años, mientras recogía un plato de tortillas con salsa verde y café negro en el refugio. “Voy a intentar conseguir trabajo aquí en México, esperaré un año a ver si las cosas mejoran, pero ahorita no puedo ir para allá”.
En el limbo
La hija mayor de Tonito, Fedra, de 21 años, fue una de los muchos migrantes que quedaron varados en México.
En un principio, no viajó con la familia a través de la frontera de El Paso, pero en febrero de 2024, comenzó su camino hacia el norte para reunirse con ellos. Ese momento aún no ha llegado.
Después de pasar un par de meses en Monterrey, un centro industrial y tecnológico en el norte de México, a mediados de marzo decidió dirigirse al sur en busca de mejores oportunidades en Panamá.
Cuando Bloomberg tuvo la oportunidad de platicar con ella en Monterrey, vivía en una casa a medio construir con varios migrantes, la mayoría de ellos de Venezuela y uno de Honduras. La estructura estaba llena de escombros, materiales de construcción y electrodomésticos descompuestos. Fedra no tenía abrigo y le costaba soportar el frío de la ciudad.
Fedra describió cómo había perdido la motivación para hacer casi cualquier cosa, y lo único que le alegraba eran las videollamadas con su familia.
“Yo siento que mi papá abandonó la idea de vivir en EE.UU. por Trump, y también por mí, porque la lógica de todo esto era encontrarse conmigo”, dijo.
Antes de que Trump asumiera el cargo, Fedra había estado planeando conseguir una cita para cruzar la frontera legalmente a través de una aplicación para teléfonos inteligentes de la era Biden para solicitantes de asilo, conocida como CBP One. En su primer día en el cargo, Trump canceló el programa, y desde entonces lo ha reactivado como una forma para que los migrantes notifiquen a los funcionarios estadounidenses que se están autodeportando, renombrando la aplicación como CBP Home.
Fedra no es la única que está desilusionada. Ninguno de los cuatro migrantes con los que vivía en Monterrey planea cruzar la frontera hacia el norte. Todos dicen lo mismo: tienen miedo de las políticas de Trump.
Si la familia Tonito decide abandonar EE.UU., se enfrenta a un difícil dilema: por un lado el país ya no parece quererlos, pero sin pasaportes venezolanos, no pueden viajar legalmente a través de México o Centroamérica de vuelta a casa. Y dado que EE.UU. no tiene lazos diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro, ampliamente acusado de haber amañado las elecciones presidenciales de Venezuela y descrito por funcionarios estadounidenses como un dictador, no hay forma de obtener nuevos pasaportes sin llegar primero a la embajada venezolana en Ciudad de México
“No tenemos papeles”, dijo Adriana. “Estamos atrapados”.
Sin un camino claro a seguir, la familia ha decidido por ahora esperar en Detroit. Pedro dijo que confían en su fe, pero que viven con miedo constante a medida que surgen más noticias de deportaciones a lugares como la prisión de máxima seguridad de El Salvador bajo poderes de guerra.
“Están sucediendo tantas cosas injustas en este momento que tenemos que aferrarnos a las manos de los creadores”, dijo Pedro. “En verdad, debido a lo que estamos experimentando, debemos confiar en Dios más cada día y segundo que pasa”.
Sarah McGregorEditado por Edición de fotografías porTraducido por Paola Vega Torre