Jesús Gómez, “El Tanque” para quienes lo conocen, recorre alrededor de 60 toneladas de desechos electrónicos para ver qué está pasando.

Jóvenes sudorosos acaban de vaciar dos enormes costales de decodificadores de televisión por cable Motorola en la calle, en la colonia Renovación de la Ciudad de México. Gómez observa mientras ocho hombres y una mujer sentados en círculo bajo un intenso sol rompen los aparatos con martillos y cinceles. Trabajan al ritmo de la música banda, extrayendo fragmentos de cobre, metal y circuitos. Gómez encontrará compradores para todo. Vuelan trozos de metal y plástico. Y en el aire hay polvo que sabe a metal.

Dentro de su tienda Alexis, el nieto de Gómez de 3 años de edad, juega alrededor de una pila tambaleante de partes de acero de computadoras. La madre del niño, con ocho meses de embarazo, está sentada sobre una pila de computadoras descartadas, desenmarañando una madeja de cargadores de teléfonos viejos. Está rodeada por basura electrónica que alcanza dos pisos de alto dentro de un espacio del tamaño de un garaje para tres automóviles con techo de lámina. Afuera del taller hay más pilas, y más aún en la calle; la basura parece llegar constantemente, parte de ella de la Ciudad de México y otra de mucho más lejos. El hermano más joven de Gómez y su socio, Genovevo, apunta a algunas impresoras Epson atrapadas en el montón, que rebasa por mucho su cabeza. Son de Texas, dice; la tienda ha comprado docenas de camiones de desechos electrónicos provenientes del norte de la frontera en los últimos dos años. “Los gringos lo tiran”, dice Genovevo. “Nosotros hacemos el trabajo sucio de destazarlo”.

Esa es la esencia de Renovación, una colonia de 15.000 habitantes que ocupa medio kilómetro cuadrado de la cuarta ciudad más grande del mundo. En cada uno de los talleres, que no cuentan con licencia de operación, adultos y adolescentes desguazan impresoras, monitores y computadoras. Camiones de plataforma plana llegan con más productos electrónicos descartados. Plumas de humo acre se elevan hacia el cielo desde pequeñas fogatas en terrenos baldíos, en donde durante toda la noche la gente quema los cables para quitarles el recubrimiento y obtener el cobre.

Jesús Gómez, que nació y creció en esta colonia, se ganó su sobrenombre hace muchos kilos: era imponente, un tanque. Hace siete años le diagnosticaron diabetes. Renunció a su empleo en una fábrica de tostadas y se puso a dieta, y ahora la ropa le queda grande. Con su 1.67 metros de estatura parece de más edad que los 39 años que tiene. Jesús, Genovevo y su hermanito, Alfredo, se metieron en el negocio de basura electrónica porque todo el mundo parecía estar haciéndolo en Renovación. “Empezamos comprando 50 kilos”, dice Jesús. “Ni siquiera sabíamos bien qué era”. La tienda de los Gómez no tiene licencia ni nombre, pero todo el mundo la reconoce como el taller del Tanque. Es uno de los negocios más grandes de la colonia, y procesa 100 toneladas de desechos electrónicos al mes.

Es un trabajo peligroso: cuando se destruye un televisor se corre el riesgo de liberar plomo en el aire. Cuando se abre una pantalla plana de LCD se puede liberar vapor de mercurio. Los teléfonos móviles y las computadoras pueden contener metales pesados peligrosos como cadmio y agentes extintores tóxicos. Las reglas de seguridad laboral de México, como las de Estados Unidos, requieren que los negocios de basura electrónica den a sus trabajadores equipo de protección como visores, cascos y máscaras. En la colonia Renovación hay poco de eso. En la tienda de Tanque, las manos y la ropa de los trabajadores están cubiertas de un brillo aceitoso. Algunos tienen cortadas que se ven bastante mal en sus brazos y dedos, cubiertas de suciedad.

Lupita Barajas, que trabaja para los hermanos Gómez desde hace cinco años, hace una pausa en su labor de extracción de cobre de uno de los decodificadores. Dice que se dedica a esto porque el trabajo paga bien. Lleva tres horas sentada bajo el sol de verano en la calle, retirando el acero y el plástico con su martillo. Está visiblemente cansada. Al principio, el trabajo hace que te duela el cuerpo, dice, y los vapores te dan dolor de cabeza. “Pero está bien, me gusta ganar mi propio dinero”. Los Gómez tienen 21 personas trabajando para ellos, pero no cuentan con las prestaciones requeridas por la ley laboral mexicana, como seguro médico. Barajas gana 1.500 pesos (US$79) a la semana en promedio, casi el doble que los 800 pesos que ganaría en una fábrica. “Eso es lo bonito de esto”, dice Jesús. “¿Por qué prefiere la gente hacer este trabajo en lugar de trabajar en una fábrica o en un lugar más seguro, quizá? Porque paga mejor”.

Sin embargo, la belleza no es evidente para todos. Ciertamente no lo es para la familia de Said Deive Martínez, que vive en la colonia Renovación desde que nació, hace menos de cuatro años. Dentro de una pequeña casa de ladrillo y concreto Said, que tiene ojos negros grandes y una cierta timidez, se asoma hacia afuera a través de la ventana. Al otro lado de la calle, hombres revisan una pila de monitores de computadoras, preparándose para romper las pantallas. “¡Las rompen allí mismo!”, dice Valentín Deive Martínez, el padre del niño.

La madre de Said, Guadalupe Castillo, rompe en llanto cuando habla sobre lo que le sucedió a su hijo. En diciembre de 2013, Said tuvo fiebre, vómito y convulsiones violentas. El bebé, que entonces tenía 11 meses, pasó ocho días en cuidado intensivo en el Hospital Infantil de Iztapalapa, por infección estomacal y de riñón, según los registros médicos. Los doctores pensaron que Said inhaló o tragó algo tóxico de la basura electrónica que rodea su casa, pero no sabían con exactitud qué le pasaba. Cuando el bebé fue dado de alta, los médicos instaron a sus padres a llevarlo al neurólogo por las convulsiones, temiendo una intoxicación por metales pesados. El especialista determinó que por alguna razón el desarrollo del cerebro de Said se había retrasado, pero no estaba seguro de la razón. “No puedo describir lo que sentí”, dice el padre del niño.

Deive es de Michoacán, un estado al sureste de México, y trabaja como mecánico de automóviles cerca de su casa. Se mudó a la colonia con su esposa para vivir con sus padres y lo ha lamentado desde entonces. La pareja quiere regresar a Michoacán, pero no tienen dinero. Han pedido a los vecinos que retiren la basura o, de ser posible, que se muden a otro lugar. “Hemos intentado hablar con ellos muchas veces”, dice Castillo. “Pero se molestan. Es más, han sido agresivos”.

Su vecina María de la Luz Hernández interrumpe su tarea de romper una impresora y se molesta de que haya alguien preguntando a qué se dedica. El hijo de Hernández, un hombre robusto de unos 20 años de edad, mueve una carga de cartuchos de impresora. Sus brazos están manchados de negro por el tóner. “No tienes por qué hablar con nadie”, le dice a su madre. La enfermedad de Said no tiene nada que ver con los desechos electrónicos, dice Hernández, la madre del niño sólo busca un culpable. “Sé que no es la basura, eso es ridículo”, dice. “Si así fuera, todos los niños estarían enfermos”.

Fotógrafo: Alejandro Cartagena de Bloomberg Businesweek

En buena parte del mundo, un lugar como Renovación no existiría, y no solo porque los dueños de negocios no podrían tener a personas trabajando para ellos en esas condiciones. Venticinco estados de Estados Unidos y Washington, D.C., en donde viven 210 millones de estadounidenses, tienen leyes que establecen lo que se conoce como responsabilidad extendida del productor (EPR por sus siglas en inglés). Eso significa que los fabricantes de productos electrónicos deben recolectar, reciclar y desechar equipo descartado en lugar de permitir que se junte con el resto de la basura. Partes de Europa también tienen este sistema.

Los fabricantes no hacen este trabajo. Normalmente un estado, un condado o una ciudad establece un programa de recolección de desechos electrónicos y empresas de reciclaje se llevan la basura. Los fabricantes pagan parte del costo del servicio, o todo. La basura electrónica puede venir de cualquier lado. Apple, por ejemplo, no es responsable específicamente de recolectar iPhones y iMacs; su obligación es expresada en kilos de basura electrónica no diferenciada. Cuando los precios de las materias primas suben, los negocios de reciclaje han estado dispuestos a hacer recolecciones por una pequeña cuota o incluso de forma gratuita, porque pueden conseguir buenos precios por los metales que obtienen de computadoras y televisores. Cuando los precios de las materias primas bajan, como ha sido el caso en los últimos años, recicladores privados exigen que se les pague más. Muchos gobiernos locales no tienen el dinero requerido así que recortan o incluso cierran estos programas. En consecuencia, los niveles de reciclado de desechos electrónicos están bajando en alrededor de la mitad de los estados con leyes EPR, según datos del Centro Nacional de Reciclaje de Productos Electrónicos.

En México, la responsabilidad extendida del productor nunca pudo hacerse realidad. La ley no se centra en los fabricantes sino en los grandes consumidores empresariales, a los que se les pide tener un plan de manejo de desechos. Esto significa que tienen la obligación de firmar un contrato con una empresa de reciclaje con licencia para que se lleve su basura electrónica. Las compañías de reciclaje tienen la obligación de procesar los desechos de forma segura, pero de hecho, muchos de ellos acaban en la colonia Renovación. Los decodificadores que son desguazados en el taller de Tanque provienen de un importante proveedor de televisión por cable. Gómez pagó una cantidad mínima por ellos. “Se deshacen de la basura y me llega a mí”.

A unos kilómetros, en la secretaría de Medio Ambiente, Cuauhtémoc Ochoa dice que no tiene comentarios sobre la basura electrónica acumulada en la colonia Renovación. Como subsecretario de fomento y normatividad ambiental, Ochoa es responsable de asegurarse que las empresas presenten sus planes de manejo. Pero no tiene nada que ver con asegurarse de que las empresas trabajen con negocios de reciclaje que hagan su trabajo como es debido. Esa es tarea de otra división de la secretaría, o quizá del gobierno de la ciudad. Afirma que lo que pase en la colonia Renovación no es su responsabilidad, y que incluso si estuviera al tanto no podría hacer nada al respecto.

Nadie en el gobierno ni fuera del gobierno está haciendo algo al respecto del manejo de los desechos electrónicos, dice Dione Anguiano, delegado en Iztapalapa, delegación a la que pertenece la colonia Renovación. Dice que no ha conseguido que el gobierno de la ciudad o el gobierno federal limpien la colonia Renovación y la vuelvan segura para la gente que vive allí. “He intentado hacer algo para ayudar a la gente, para cambiar esta terrible situación”, dice. “Nadie quiere hacer nada”.

Lourdes López, quien en 2012 obtuvo un escaño en el Congreso mexicano con el Partido Verde Ecologista Mexicano, pasó los tres años de su diputación intentando hacer que los fabricantes internacionales de productos electrónicos ayudaran a cubrir el costo del manejo de la montaña de desechos electrónicos de México. “La industria”, dice, con un gesto de hastío. “Enfrentamos mucha resistencia”. Cabilderos se reunieron más de 60 veces con los legisladores y trabajaron en las regulaciones. La secretaría de Hacienda se negó a apoyar y revisar la legislación que López propuso, citando los argumentos de los fabricantes de productos electrónicos de que costaría demasiado. El proyecto de ley fracasó, y el tiempo de López en el Congreso llegó a su fin. (En ese entonces los legisladores mexicanos no podían postularse para reelección).

La falta de una industria de reciclaje formal y regulada es una de las muchas razones por las que México se ha convertido en un imán de productos electrónicos usados. Los desechos electrónicos son un negocio opaco al que se da poco seguimiento, pero la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos concluyó en un estudio de 2013 que México es el primer importador de productos electrónicos usados y descartados de Estados Unidos, y recibe casi 129.000 toneladas al año.

La basura electrónica llega a México por muchos caminos. El que los hermanos Gómez puedan contar con un flujo constante de desechos de Texas podría deberse a que el estado tiene una de las leyes de EPR más liberales de Estados Unidos. Fue redactada en gran medida por Dell, el fabricante de computadoras con sede en Texas.

Dell empezó a reciclar en el año 2000, lo cual la convirtió en pionera en la industria, y en 2004 estableció un programa nacional de reciclaje de desechos electrónicos junto con Goodwill Industries que ha recolectado 210.466 toneladas métricas (464 millones de libras) de productos electrónicos usados. Pese a ello, los ejecutivos de Dell ayudaron a los legisladores de Texas a redactar una ley que no obligue a otros fabricantes a seguir el ejemplo de Dell. El proyecto de ley, aprobado en 2007, sólo propone que los fabricantes de productos electrónicos ofrezcan una forma de reciclar sus productos, por ejemplo publicando una dirección a la que un consumidor puede enviar un equipo usado por correo. Dell recolectó 1968,5 toneladas métricas (4,34 millones de libras) de productos el año pasado, según registros estatales. (Sólo HP recolectó más). Pero Panasonic no recolectó nada; Toshiba solo 9 kilos (20 libras) y Lenovo 5 kilos (11 libras). Así que el flujo de desechos en Texas es grande, e inevitablemente se mueve hacia el sur. Desde entonces Dell ha ayudado a otros ocho estados a redactar una legislación sobre desechos electrónicos similar a la de Texas, conocida informalmente como las leyes Dell. “Creemos que debe haber flexibilidad para organizar la recolección y reportar lo que llega”, dice Beth Johnson, gerente de programas legislativos y de cumplimiento de Dell para Estados Unidos. “Texas es la ley modelo que apoyamos”.

La compañía también ha trabajado para frenar leyes más estrictas. En 2015 Fran Valluzzo, ex gerente de asuntos gubernamentales estatales y locales de Dell, fue a Nueva Jersey a testificar contra un proyecto de ley que los legisladores estatales estaban debatiendo, una actualización de la Ley de Manejo de Basura Electrónica de 2007. La ley original establecía un sistema de cuota anual para los fabricantes de televisores y productos electrónicos, dependiendo de su cuota de mercado. Las cuotas no han sido actualizadas para reflejar el crecimiento del mercado. El senador estatal demócrata por Nueva Jersey Bob Smith, quien redactó la ley de 2007, intentó hacer algo al respecto con la ley de 2015. Habría establecido un programa manejado por el estado para reciclar lo que los fabricantes no recolectaran que se cobraría a las empresas de tecnología.

La industria de productos electrónicos envió a un ejército de cabilderos para hacer frente a Smith. La Asociación de Productos Tecnológicos de Consumo (CTA por sus siglas en inglés), que representa a 2.200 fabricantes de productos electrónicos, minoristas e instaladores, argumentó en correos electrónicos y testimonios que la ley sería demasiado costosa. “Habría hecho que los fabricantes cargaran con la responsabilidad financiera del sistema”, dice Walter Alcorn, vicepresidente de asuntos ambientales y sustentabilidad de la industria de CTA. “Definitivamente nos opusimos a eso”. Además de Dell, Panasonic, Vizio, Samsung y HP se opusieron al proyecto de ley. Fue aprobado de cualquier forma, pero el gobernador Chris Christie lo vetó, y desde entonces quedó en el limbo. “Es una pesadilla”, dice Smith. “Todo funcionaba hasta que los fabricantes empezaron a rehusar sus responsabilidades. Las grandes empresas, en Estados Unidos y fuera del país, están interponiendo todo tipo de barreras”.

En Camden County, al otro lado de Filadelfia en la parte sur de Nueva Jersey, el director de reciclaje Brian Constantino dice que los servicios de recolección de desechos electrónicos han sido recortados porque se volvieron demasiado caros. Cada vez más los trabajadores de Camden encuentran productos electrónicos descartados en carreteras y lotes vacíos, edificios abandonados y parques estatales. Constantino cree que pepenadores recorren los vecindarios en busca de productos electrónicos descartados en las calles, los rompen para obtener todo el metal que contienen y descartan lo que queda. No es como en la colonia Renovación de México, pero es preocupante para un lugar que hasta hace poco tenía un programa de desechos electrónicos que funcionaba bien. “No parece correcto que esto recaiga en los contribuyentes si los legisladores decidieron que deberían pagarlo los fabricantes”, dice Constantino.

California todavía tiene un sistema que funciona, financiado por cuotas cobradas en los puntos de venta de todas las computadoras y televisores vendidos en el estado. No obstante, los californianos producen más basura electrónica que lo que el sistema recolecta y procesa, y el excedente suele enviarse a México. Llega por camión y por barco, y también por el más humilde de los medios: un flujo constante de personas conocidas como “hormigas contrabandistas”. Hombres y mujeres cruzan todos los días a Estados Unidos para encontrar productos electrónicos para reparar o vender o de los cuales extraer cobre, aluminio y oro.

En una mañana cálida de verano, llegan a una enorme bodega de Goodwill Industries ubicada a 400 metros (un cuarto de milla) al norte de la frontera en Otay. Dentro, 18 personas se arremolinan alrededor de un subastador que habla en español rápidamente. Hoy busca ofertas por televisores colocados en estantes y recipientes grandes. El subastador conecta algunos para mostrar que funcionan. Otros parecen dañados. “Ok, tenemos un bonito televisor Sony aquí, un poco gastado, pero lo vendemos como está”, dice el subastador. Un hombre ofrece US$10. Otro ofrece US$13 y un tercero, US$16. “Vendido. Pagas y te lo llevas”, dice el subastador. Detrás de él se encuentra una bodega del tamaño de una cuadra en la que hay más productos electrónicos usados. En estantes de 12 metros (40 pies) de alto que llegan hasta el techo hay televisores, videocaseteras y computadoras. (También hay muebles, juguetes y otros productos donados). La subasta duró solo media hora.

Las personas llevan lo que compraron a un estacionamiento lleno de vans, pickups y automóviles con placas mexicanas. Amado y Victoria Mendoza son pequeños participantes en este mercado. Hoy compraron seis televisores, que cargan en su minivan y llevan consigo a Tijuana. Lo mejor que compraron es un televisor de pantalla plana de 42 pulgadas que parece estar en buen estado por el que pagaron US$20, y cuatro televisores que están rayados y desgastados y muy probablemente no funcionan. La pareja viene una vez a la semana para comprar productos electrónicos que venden en su puesto en un mercado al aire libre al otro lado de la frontera.

Los domingos, el mercado cubre la montañosa colonia de La Villa en Tijuana. Cientos de personas instalan sus puestos en la calle. La mayoría es basura, y solo sirve para obtener partes. Este tianguis es uno de al menos cuatro mercados al aire libre de productos electrónicos usados y descartados en Tijuana que venden productos principalmente estadounidenses. “Vendemos lo que sirve y lo que no se lo damos al pepenador”, dice Amado.

Las “hormigas” son una parte productiva del ecosistema de productos electrónicos usados, y extienden la vida de las cosas que los estadounidenses descartan. No obstante, a la larga todo deja de funcionar y es ahí cuando hombres como Genaro Hernández intervienen. Recorre las calles de Tijuana en sus camionetas y lleva la basura que encuentra o compra a su casa en la cima del barrio más alto de personas de escasos recursos en Tijuana. En su patio las montañas de basura electrónica llegan a la altura de su pecho. Dos camionetas están cargadas con lo que consiguió ese día: monitores de televisores LG y computadoras HP. Hernández se sienta en el techo de su casa con un machete oxidado con el que destroza una cubierta de monitor que tomó de una pila del doble de su altura. Desguaza 100 computadoras y unas 25 pantallas al día para vender lo que tiene valor: pedazos de aluminio, acero, cobre o circuitos impresos, que contienen pequeñas cantidades de oro. “Nunca dejan de llegar cosas”, dice. Hernández tiene una persona que le compra los circuitos impresos y los trae a la Ciudad de México para venderlos en Renovación. “No sé por qué, pero todo parece regresar allí”, dice Hernández.

En Renovación, los hermanos Gómez se centran también en los circuitos impresos. Para extraer el oro se requiere un horno de fundición especial, que no existen en México. Cada mes se mandan cargamentos de circuitos impresos desde México a fundidoras en Japón, Hong Kong, Suecia y Bélgica, de acuerdo con los registros de comercio de México. Otros se mandan a Estados Unidos por camión.

Los empresarios de desechos electrónicos de Renovación suelen venderle a una compañía de Texas llamada Techemet, que opera un horno de fundición en Pasadena. Una familia de Sudáfrica fundó Techemet a finales de los años 80, para fundir convertidores catalíticos usados de automóviles y extraer el paladio. Hace tres años, Techemet se expandió a la basura electrónica y envío a Lázaro Rodríguez, encargado de una bodega de Techemet en Monterrey ubicada a unos 885 kilómetros (550 millas) al norte de la Ciudad de México, en busca de circuitos impresos. Y abrió un centro de compra en Renovación.

Rodríguez llama a sus clientes deshuesaderos. “Todos son informales”, dice, lo que en México quiere decir que su negocio no cuenta con licencia. Este año enviará 80 toneladas de circuitos impresos al mes desde México, principalmente por camión, para ser fundidos en el horno de Techemet. La compañía vende el oro recuperado a joyerías y dentistas y hay una razón por la que el negocio se llama industria de productos electrónicos de reciclaje: una tonelada de circuitos impresos puede producir 933 gramos (30 onzas) de oro, que valen US$39.000 a los precios actuales.

La basura electrónica no existía en Renovación hace siete u ocho años, pero la colonia se fundó literalmente sobre la basura. En los años sesenta los pepenadores empezaron a ocupar las áreas aledañas a un tiradero de la ciudad. Otros más construyeron precarias viviendas en los alrededores. Tenían un líder carismático: Rafael Gutiérrez, quien los organizó en un poderoso sindicato. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado el país durante buena parte del último siglo – el partido del presidente Enrique Peña Nieto – permitió que Gutiérrez controlara la recolección de basura en la Ciudad de México. Sus hombres y mujeres tripulaban los camiones de basura de la ciudad y revisaban los desechos. Les pagaban en basura: cualquier cosa que encontraran lo podían conservar o vender.

A cambio, Gutiérrez organizaba el voto de los pepenadores, que llegaron a un máximo de 15.000 en los años 70. También mandaba gente a los mítines a favor del gobierno y para romper huelgas. Eso le dio un tremendo poder político, dice María de los Ángeles Moreno, ex presidenta del PRI en la Ciudad de México. Cuando el gobierno no aceptaba las demandas de Gutiérrez, ordenaba a sus recolectores no trabajar, y la basura se acumulaba en la Ciudad de México. “Llenaba autobuses con sus recolectores de basura y los llevaba a Acapulco”, dice Moreno, quien conoció a Gutiérrez. “Para el segundo día, el gobierno estaba desesperado para que regresara y recogiera la basura. Y cobraba por ello, ya sea en favores políticos o dinero”.

Héctor Castillo, sociólogo que da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha estudiado la cultura de los pepenadores por cuarenta años. Hizo trabajo de campo para su tesis doctoral trabajando cuatro meses como pepenador en la Ciudad de México en los años 70. Cuando Gutiérrez consiguió un escaño en el Congreso como representante del PRI, contrató a Castillo brevemente como asesor de comunicaciones. Hoy en la oficina de Castillo hay fotos de tiraderos.

Gutiérrez, dice, comandaba su imperio de la basura desde una vulgar mansión neocolonial blanca con docenas de habitaciones, construida en la cima de un basurero llamado Santa Catarina en las afueras de la Ciudad de México. El hombre no se tomaba a bien las críticas o la publicidad. En 1984 Castillo publicó un libro sobre Gutiérrez y los recolectores de basura: “El basurero: antropología de la miseria”. Unos días después, fue golpeado por desconocidos que le advirtieron que no debía volver a escribir sobre la basura. Lo dejaron ensangrentado y aturdido en las afueras de la ciudad. Castillo sacó una copia desgastada del libro y señaló algo que escribió en el interior, con su propia sangre. “Es su placa”, dice. “Le dije a la policía, pero nunca hicieron nada”. El reino de Gutiérrez acabó violentamente en 1987 cuando fue asesinado en su mansión, presuntamente por una amante despechada. Su viuda, Guillermina de la Torre, se hizo cargo del negocio y a la larga lo dividió entre su hijo, hija y sobrinos, dice Castillo.

En Renovación, el tiradero de basura cerró, pero los pepenadores se quedaron. Quienes trabajaban en los camiones de basura de la ciudad llegaban a Renovación al final del día para tirar su carga. La gente de Renovación se ponía a trabajar, revisando la basura para buscar cosas de valor. Hace ocho años, los pepenadores incursionaron en el negocio de televisores y computadoras. Actualmente no se sabe cuántos de estos negocios de desechos electrónicos hay en la colonia, entre casas, campamentos y tiendas. La mayoría de los negocios pagan una cuota a los descendientes de Gutiérrez, dice Rosalío Nava, quien dirige la división de manejo de desechos de la Ciudad de México. Los hermanos Gómez dicen que pagan 6.000 pesos al mes. Ninguno de los negocios es legal, dice Nava. Pese a ello, admite que ninguno ha sido cerrado por alguna agencia del gobierno de la ciudad.

Cuando los hermanos Gutiérrez no le venden a Techemet, suelen recurrir a un depósito grande administrado por un hombre llamado El Chava (Salvador) que se dice que vende a compradores más grandes de China y Estados Unidos. (Chava, quien no proporcionó su nombre completo, se negó a hacer comentarios). El negocio de Chava, del tamaño de una cancha de básquetbol, está lleno de costales de tamaño industrial con cobre, aluminio y circuitos impresos que llegan a una altura de 12 metros (40 pies). (Algunas veces se ve a hombres cargar estos sacos de fondo cuadrado en las calles de la colonia Renovación. En este día de junio, Chava paga 250 pesos por kilo por circuitos impresos, 77 pesos por cobre, 15 pesos por aluminio y 6 pesos por plástico. Un hombre con un rifle AR-15 hace guardia mientras máquinas elevadoras colocan sacos de 1.80 metros (6 pies) de alto en un camión de plataforma plana.

Al otro lado de la calle, el Dr. Valentín García estaciona su sedán, preocupado por lo que ve. Durante 22 años García, un hombre regordete y medio calvo con un ceño permanentemente fruncido, ha tenido un consultorio en Renovación. “Hay niños viviendo aquí, personas mayores intentando respirar en este ambiente tóxico”, dice, mientras sacude la cabeza en señal de desaprobación. “No es un lugar para que viva la gente”.

García no es investigador médico. Pero está convencido de que los desechos electrónicos enferman a la gente, y la literatura médica respalda su creencia. En 2012 U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) encontró que dos niños se intoxicaron con plomo por polvo que su padre trajo a casa del trabajo en una planta de reciclaje de desechos electrónicos cerca de Cincinnati. En Vietnam, trabajadoras en talleres de desechos electrónicos presentaron en su leche materna elevados niveles agentes extintores conocidos como PBDEs, utilizados en cubiertas plásticas para productos electrónicos, según un estudio publicado en 2010 en la revista Science of the Total Environment. En Renovación, dice García, ha habido un aumento en la incidencia de enfisema, bronquitis y fibrosis pulmonar desde que el procesamiento de desechos electrónicos comenzó a aumentar. Al menos 25 niños han llegado a consulta con el tipo de dolores y problemas de aprendizaje que suelen ser síntomas de plumbosis (envenenamiento con plomo). Dos tercios de ellos eran hijos de personas que trabajan con desechos electrónicos. (De acuerdo con CDC, ningún nivel de plomo en la sangre de los niños es seguro). “Sus madres suelen decir que sus hijos tienen problemas de aprendizaje y me piden vitaminas para ayudarlos”, dice. “Todo lo que puedo hacer es mandarlos al hospital para que sean diagnosticados y tratados”.

Los hermanos Gómez reconocen que su negocio conlleva ciertos riesgos. Admiten que algunos trabajadores se enferman, pero no por mucho tiempo. “Es como si hubiéramos desarrollado antivirus por trabajar en esto por tanto tiempo”, dice Genovevo, apuntando a las cicatrices en sus brazos.

Alguien tiene que hacerlo, dice Jesús, y aquí nadie se interpone. Los estadounidenses descartan 700 millones de productos electrónicos al año. “Es como el mejor restaurante de la ciudad, que tiene una parte trasera en donde pasan cosas que los clientes no quieren ver”, dice. “Nosotros somos esa parte trasera. Somos los que hacemos el trabajo sucio”. —Con Elma Gonzalez