La fiebre del cobre desata una crisis existencial para la gran minería en Perú

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A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los Andes peruanos, una comunidad indígena ha construido una de las minas informales de cobre más grandes del mundo.

En la mina Apu Chunta, miles de agricultores de subsistencia quechua hablantes producen cobre por un valor de US$300 millones anuales. Las ganancias se reparten directamente entre la población de la comunidad campesina de Pamputa, un pueblo que en el pasado fue muy pobre. La mina está en camino de generar aún más riqueza. El cobre, que es esencial para la transición global a la energía limpia, es cada vez más difícil de encontrar. Y el precio del metal ha llegado a niveles récord gracias a los problemas generados por las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles al cobre.

Solo hay un problema: la minería de los campesinos de Pamputa no es totalmente legal.

En Perú, la propiedad de la tierra y los derechos sobre los minerales debajo de la superficie son independientes. Eso significa que pese a que la comunidad de Pamputa ha cultivado la tierra y arreado alpacas por siglos, los derechos sobre el subsuelo actualmente pertenecen a la gran mina de cobre Las Bambas, que los compró al estado peruano en 2004. Las Bambas, que demandó una inversión de US$10.000 millones, es ahora controlada por la estatal china MMG Ltd.

El resultado es que Pamputa está encaminada directamente hacia una confrontación con MMG y el gobierno, que está preocupado por proteger a Las Bambas, la cual representa la inversión privada más grande en la historia del país. Las Bambas ya ha construido dos tajos en las montañas aledañas a Pamputa y planea construir su tercer tajo abierto en los próximos 10 años en tierra que pertenece a la comunidad indígena. La empresa también ha presentado más de cien reclamos por minería ilegal contra mineros de Pamputa. Los procesos legales están pendientes y los mineros se están defendiendo con abogados.

“Estamos al tanto de la presencia de actividades de minería ilegal dentro de nuestras concesiones“, dijo Las Bambas en un comunicado. “El incremento significativo de la minería ilegal a lo largo del Perú es un desafío que tiene el potencial de afectar grandes inversiones a futuro”.

Por ahora, las operaciones de Apu Chunta están parcialmente respaldadas por un registro estatal de mineros informales conocido como Reinfo. Pero Las Bambas ha acusado a los mineros de Pamputa de robar cobre que en realidad le pertenece a la empresa, y ha pedido al gobierno que los elimine del Reinfo. El Reinfo caduca en junio y podría haber terminado antes si no fuera porque miles de pequeños mineros protestaron y bloquearon carreteras, lo que detonó la destitución del entonces ministro de Energía y Minas, quien quería tomar medidas severas contra la minería informal.

El futuro equilibrio de fuerzas en la industria minera depende de cómo se resuelva el conflicto entre Pamputa y Las Bambas, con impactos que van desde los rincones más remotos de los Andes peruanos hasta los productos que llegan a los bolsillos de los consumidores y sus hogares. El mineral que sale de las minas indígenas discurre a través de una cadena de suministro muy larga, que va desde plantas de procesamiento locales hasta las grandes empresas de trading de commodities, pasando por las refinerías chinas, entre muchos otros intermediarios. Todo ese camino culmina cuando el cobre es convertido en cables de electricidad que se usan para todo, desde celulares hasta vehículos eléctricos.

Si Pamputa es capaz de hacer valer sus raíces ancestrales por encima de los derechos contractuales de Las Bambas, eso va a empoderar aún más a los pequeños mineros artesanales y va a desalentar a las grandes empresas mineras, las cuales invierten miles de millones de dólares en encontrar y desarrollar nuevas minas. Como los mineros informales no tienen los recursos suficientes para extraer minerales de manera eficiente en yacimientos gigantescos, eso limitaría la cantidad de cobre en el futuro y reduciría aún más la oferta mundial.

En el pasado, un proyecto como Las Bambas habría tratado de ganar el apoyo de comunidades locales con incentivos financieros y compromisos para minimizar el daño medio ambiental. Pero en Pamputa no le ven el sentido a ese enfoque. Ellos ven a los dueños de las concesiones mineras como MMG como una nueva forma de terratenientes hacendados, del tipo que controlaban las tierras agrícolas de Perú durante gran parte del siglo XX, mientras impedían que los grupos indígenas generaran ganancias con la agricultura.

“Ya no estamos en los tiempos de Robin Hood, de quitarle al rico para darle al pobre”, dijo Nelson Pinares, quien creció en Pamputa y ahora es el presidente de la asociación local de mineros. “Lo que nosotros queremos es darle al pobre la misma oportunidad para que ese pobre también salga rico”.

Al menos por ahora, Apu Chunta está prosperando gracias al apoyo de la comunidad, un gobierno ambivalente y lo que tal vez sea lo más importante: compradores dispuestos en medio del aumento de la demanda global por el cobre.

La comunidad de Pamputa fue una vez un pueblo tranquilo, sostenida por pequeñas plantaciones y ganado, pero ahora está transformándose totalmente. Se están construyendo edificios de varios pisos hechos de ladrillo. Hay nuevas calles, un nuevo colegio y una plaza central en construcción. Los residentes van y vienen en camionetas Toyota Hilux nuevas valorizadas en US$20,000 o más y algunos hasta han comprado caballos de carrera caros. Pinares tiene algunos caballos en el hipódromo aristocrático de Lima.

Se puede hacer buen dinero con el cobre independientemente de quién lo haya extraído, pero a veces hay más dinero si el mineral viene de una mina informal.

Los productores indígenas tienen menos poder de negociación con los intermediarios y las plantas procesadores que compran el mineral en bruto, el cual luego se puede mezclar con otros lotes para aumentar las ganancias del comprador, dijeron personas familiarizadas con el comercio global de cobre.

Además, una gran cantidad del cobre mundial es vendido por adelantado, así que la producción informal le da la oportunidad a las empresas de trading de vender en el mercado abierto cuando hay escasez.

Eso significa que, pese a que le faltan permisos legales, el cobre de minas como Apu Chunta llega a los almacenes de algunas de las grandes empresas de trading a nivel mundial.

Esa cadena funciona de la siguiente manera: luego de extraer rocas con contenido de cobre, algunos mineros pagan a gente conocida como “facturadores” para que sean testaferros del mineral y acrediten su legalidad. Otros usan el Reinfo. Después, conductores transportan el material en bruto en camiones a la ciudad costera de Nazca, que se encuentra en pleno apogeo económico gracias a la minería informal. Ahí, más de 20 plantas procesadoras transforman el mineral en concentrado de cobre. Esas plantas pueden pedir alguna documentación legal, pero no verifican más allá de lo que ven.

“La planta procesadora puede recibir el mineral, transformarlo, y este puede salir entre comillas de una manera legal”, dijo Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo Social de Perú que produjo recientemente un estudio sobre la minería ilegal para la industria minera.

Las plantas venden el cobre procesado a traders, que lo exportan a refinerías chinas que finalmente lo transforman en cables que son usados en una amplia gama de productos eléctricos. Según Pinares, y cerca de una docena de fuentes, esos compradores incluyen a Trafigura Group, Glencore Plc e IXM SA.

La mayoría de las personas entrevistadas para esta historia pidió hablar de manera anónima por miedo a que pudiera meterse en problemas legales, como por ejemplo si las autoridades comenzaran a sospechar que están trabajando con minerales de origen ilegal. Pero los registros de exportación de Perú muestran que Trafigura e IXM han exportado US$1.800 millones en minerales desde el 2019 desde la región donde se encuentra Nazca, principalmente cobre. En el 2023, los datos disponibles más recientes muestran que las exportaciones de IXM en la zona saltaron un 78% a US$344 millones.

Trafigura, Glencore e IXM dijeron que todos cumplen con las reglas peruanas, y compran solo de entidades registradas.

“Estamos comprometidos también a prácticas de negocio responsables y alentamos a nuestras contrapartes a también actuar de manera responsable”, dijo un vocero de Trafigura en respuestas escritas a las preguntas de Bloomberg.

Además de protocolos de supervisión estándar con sus proveedores, Glencore dijo que hace verificaciones adicionales en Perú, “incluyendo respecto a los registros, permisos e información sobre instrumentos de gestión ambiental”, dijo la gigante suiza de commodities.

IXM dijo en un comunicado escrito que efectivamente compra de procesadoras en Nazca, pero que solo lo hace con plantas que estén registradas en el Reinfo. IXM solo trabaja con “contrapartes fiables de largo plazo en términos dictados por el mercado”, que luego supervisa y monitorea. La empresa dijo que también está lanzando un programa piloto para apoyar a pequeños mineros en Perú.

Todo esto es frustrante para las grandes mineras como Las Bambas, que dicen que estos pequeños mineros están haciendo dinero con cobre que no les pertenece a ellos sino a las empresas. La poderosa Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que representa a las grandes empresas del rubro en Perú, hace poco convocó a las traders para que respondan preguntas sobre el asunto, luego de ser contactada por Bloomberg para esta nota.

“Se ha generado una cadena de producción, pero producción que nace intrínsecamente basado en acceso a minerales que son de terceros”, dijo Victor Gobitz, quien fue el presidente de la SNMPE hasta enero.

“¿Eso es ético? Yo creo que eso sí nos levanta a todos las cejas”, añadió Gobitz, quien también es ex gerente general de Antamina, una de las minas de cobre más grandes del país. Un tercio de Antamina pertenece a Glencore, que junto con Trafigura son además asociadas de la SNMPE.

Gobitz ha asumido recientemente el liderazgo de una nueva empresa minera, Quilla Resources Inc, para retomar las operaciones de la mina Chapi en Perú.

El gobierno de Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, también ve a los mineros informales como una amenaza a una de sus grandes fuentes de ingresos fiscales: las regalías mineras que pagan las grandes empresas, y que los pequeños mineros no pagan.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo en una entrevista que los “mineros ilegales” no enfrentan el mismo estigma social que los narcotraficantes en la sociedad peruana, pero que deberían ser vistos de la misma manera.

“El minero ilegal es percibido como un emprendedor, como un trabajador, a diferencia del narcotraficante que la sociedad sí lo señala como un mal elemento”, dijo Adrianzén. “Nosotros queremos promover, fortalecer y proteger a la minería formal, como la de Las Bambas”.

Hay una zona gris legalmente que permite que Pamputa y otras pequeñas minas puedan operar.

El Reinfo, que es manejado directamente por el gobierno, permite a los grupos informales operar minas siempre y cuando tengan dos cosas: el permiso de los dueños de la tierra y el permiso de los concesionarios, aquellos que tienen los derechos sobre los minerales del subsuelo.

Los mineros de Apu Chunta están en el Reinfo y ellos son dueños de la tierra de la que están extrayendo minerales. Pero no tienen el permiso de Las Bambas, que es el concesionario del subsuelo. Las Bambas “no ha suscrito, ni suscribirá en el futuro, ningún acuerdo o contrato alguno que conceda … derechos sobre sus concesiones mineras”, dijo Las Bambas en un proceso legal que inició contra Pinares y otros mineros locales en mayo.

“Estamos viendo que hay varias comunidades indígenas campesinas que se están volviendo comunidades mineras”, dijo Maximo Gallo, quien hace poco fue nombrado como el principal oficial del gobierno en asuntos de formalización minera.

Los expertos estiman que hay más de 200.000 peruanos trabajando en la minería informal, y que la mitad de ellos podría estar extrayendo cobre. Más del 90% trabajan en concesiones mineras que no les pertenecen, de acuerdo a estadísticas gubernamentales.

La SNMPE y otros grupos ligados a la industria han tratado infructuosamente por años de convencer al Congreso y al gobierno de terminar de una vez con el Reinfo. Pero los mineros informales también se han convertido en una fuerza política influyente. Cuando el ministro de Energía y Minas intentó eliminar el Reinfo en diciembre, miles de pequeños mineros bloquearon carreteras clave en protesta. El Congreso destituyó al ministro y los congresistas decidieron extender el Reinfo hasta al menos junio. El ministro actual no ha descartado la posibilidad de extenderlo hasta diciembre.

Sin embargo, el Reinfo ha fracasado. En los siete años que tiene, solo el 2% de los 80.000 mineros informales registrados se han formalizado. El Reinfo tampoco ha logrado incentivar a las grandes empresas mineras a que firmen acuerdos con pequeños productores para aprovechar sus concesiones mineras en desuso.

Las Bambas no es la única gran empresa que ha sido afectada. Operaciones mineras informales han interrumpido el desarrollo de proyectos mineros de Southern Copper Corp. y First Quantum Minerals Ltd.

Además, la minería informal ha generado violencia. Los mineros informales han sido acusados de asesinar a más de una docena de trabajadores en la segunda mina de oro más grande de Perú, Poderosa, en una disputa sobre el acceso a sus concesiones mineras. La industria minera ahora teme que todo proyecto de exploración termine atrayendo a mineros informales, que empiezan a extraer minerales muchos años antes de que ellos puedan obtener permisos oficiales para construir una mina ahí.

Los mineros informales también han sido acusados de incendiar ya dos veces el campamento de Southern Copper en su proyecto Los Chancas. El último incendio fue este mes. El proyecto está valorizado en US$2.600 millones y la mina no va a ser construida antes del 2030. Pero ya ha atraído a mineros de la comunidad indígena local que están operando sin permisos.

El problema se extiende más allá de las fronteras de Perú. La República Democrática del Congo ha mandado al ejército a desalojar a miles de mineros ilegales de cobre y cobalto. En la Amazonía de Brasil, los precios altos del cobre han atraído a operadores ilegales que normalmente se enfocaban solo en oro. La minería informal también es común en Bolivia y Ecuador, además de en varios otros países de África y Asia.

Las grandes empresas también dicen que los operadores informales no tienen la capacidad de exploración y planificación para extraer el mineral de manera eficiente y segura. La falta de permisos y algunas prácticas laborales riesgosas aumentan el peligro para los trabajadores.

La minería ya es una de las profesiones más peligrosas del mundo, y las minas informales tienen poca supervisión estatal sobre la seguridad de los trabajadores o el daño ambiental. Apu Chunta ha reportado al menos dos muertos, mientras que los trabajadores dicen que han visto trabajo infantil y el consumo de alcohol antes de entrar a los socavones.

Pinares no permitió el ingreso de los reporteros de Bloomberg a Apu Chunta, pero dijo que las dos cosas estaban prohibidas y que cualquier infractor es sancionado.

Los mineros indígenas informales de Perú han conseguido ganar una reputación como héroes populares en sus comunidades, lo que hace más difícil cualquier esfuerzo político para separarlos.

Entrevistas con decenas de personas en Pamputa muestran que Apu Chunta se ha ganado el apoyo de la gente por emplear a mano de obra no especializada que Las Bambas nunca contrataría. Eso ha hecho llegar dinero en efectivo directamente a las manos de personas que no han visto el mismo beneficio con los impuestos y regalías que paga Las Bambas al gobierno.

Pese a que Las Bambas representa el 75% de la economía regional, el gobernador local declaró que apoya extender el Reinfo.

“Tener a Las Bambas tan cerca no ha beneficiado en absoluto a esta población”, dijo Zenovio Flores, el vicealcalde del pueblo vecino de Ñahuinlla. Pero esa no es la impresión con Apu Chunta. “La minería artesanal ha traído bastante oportunidades y beneficios en términos de desarrollo de la población”.

Las Bambas rechaza esa caracterización, la cual es común en la zona. La empresa dijo que ha desembolsado $800 millones en proveedores locales entre 2016 y 2024, y que está ayudando a construir empresas comunales para que las poblaciones locales puedan volverse parte de su cadena de suministro, y ganar dinero. Las Bambas también quiere asegurarse que su tercer tajo en Pamputa “opere de manera sostenible y de una manera que beneficie a las comunidades locales”.

Pinares dijo que el tamaño de Apu Chunta se ha multiplicado más de 10 veces en la última década, y ahora trabajan ahí 5.000 mineros que han creado otros 5.000 trabajos indirectos.

El pueblo incluso ha logrado comprar un equipo de fútbol profesional, Union Minas, que usa un el clásico casco minero amarillo como su logo.

Francisco Pérez, de 30 años, ha trabajado en minería informal por más de una década. Así como hay peligros, como la contaminación y la inhalación de polvo, él está agradecido con Apu Chunta porque ha podido así construir una casa de ladrillos para reemplazar a su choza de adobe.

El auge de la minería artesanal de cobre también ha llegado hasta otros pueblos cercanos, donde nuevos negocios ofrecen la venta de equipos mineros, suministros, comida y alojamiento. Las tiendas muchas veces venden cascos, carros, accesorios de compresión e incluso muñecos de mineros. Los camiones mineros se estacionan casualmente en los pueblos. Algunos residentes guardan maquinaria minera junto a sus casas.

Es un contraste muy grande con cómo era la zona cuando Las Bambas recién llegó a comienzos de los años 2000. En ese entonces pagó más de US$1.000 millones para reasentar una comunidad entera para poder construir su primer tajo abierto. Luego gastó decenas de millones para comprar la tierra a otra comunidad para construir su segundo tajo.

Esas dos experiencias fueron traumáticas para las comunidades indígenas, incluso si recibieron grandes sumas a cambio. La primera comunidad, Fuerabamba, intentó recuperar su tierra en 2022 diciendo que vender había sido un error y que el dinero se había terminado. Las Bambas eventualmente los desalojó a la fuerza con la ayuda de la policía.

Las Bambas tiene concesiones que en total suman 35.000 hectáreas, más o menos el mismo tamaño que Filadelfia. En la provincia de Coyllurqui, el 94% de la tierra ha sido concesionada para la minería. Esa provincia es el hogar de varias comunidades indígenas de menos de mil personas cada una, que no se supone que hagan minería en su tierra, pero cada vez lo hacen más.

Todo esto le ha dado perspectiva a Pamputa. La hermana de Pinares, Sandra, también es una lideresa en Apu Chunta y se opone a simplemente vender la tierra como hicieron en su momento las comunidades vecinas.

“Es mejor yo creo tener la vaca ahí, con la leche que sale poquito a poquito”, dijo, “que vender la vaca y ya no tener nada”.

Con la ayuda de Jack Farchy, Archie Hunter y Cedric Sam
Editores Responsables Simon Casey y Crayton Harrison
Editado por Danielle Balbi y Doug Alexander
Edición de fotografías por Marie Monteleone
Traducido por Malu Poveda