Descaro y corrupción envuelven operación de petróleo en Ecuador

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Pero el tema de conversación, en un bullicioso restaurante del hotel Marriott Marquis de Houston, era todo menos ordinario: los tres hombres discutían cómo mantener los flujos de una enorme trama internacional de sobornos.

Estamos a principios de marzo de 2020 y Javier Aguilar, un hombre de 46 años con camisa a rayas, intentaba explicar por qué se había producido un retraso en el flujo de dinero para los sobornos.

Su empleador, Vitol Group, la mayor comercializadora de petróleo del mundo, estaba cada vez más cautelosa debido a una serie de investigaciones penales sobre la industria, dijo. Iban a tener que cerrar y sustituir las redes de empresas offshore que venían utilizando para canalizar los pagos de sobornos.

“Todo esto es cada vez más complicado”, dijo uno de sus compañeros de almuerzo.

“No imposible. Nada mas más complicado”, respondió Aguilar. Se reía mientras relataba una historia de los años setenta, cuando los narcos podían viajar a Suiza en aviones privados llenos de dinero.

“Se podía descargar; nadie preguntaba ni decía”, dijo. “Así se hacía güey”, comentó.

Lo que Aguilar no sabía era que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) monitoreaban cada una de sus palabras. Los dos hombres con los que departía —los hermanos ecuatorianos Antonio y Enrique Peré— cooperaban en secreto con el Gobierno estadounidense, y Enrique había filmado todo el encuentro con un dispositivo oculto en su reloj.

Cuatro años después, los hermanos Peré serían los testigos estrella que declararían contra Aguilar en un juicio histórico que ha revelado irregularidades cometidas en el sector del comercio de productos básicos.

Es un mundo conocido por los sobornos y los sobres con fajos de dinero desde los tiempos de Marc Rich, el infame padrino del sector. Pero el juicio de Aguilar reveló, con más detalle que nunca, los entresijos de una trama moderna de sobornos, con testimonios de funcionarios corruptos, hojas de cálculo que muestran cómo se repartía el dinero y más de una docena de cintas grabadas en secreto.

El 23 de febrero, tras solo seis horas de deliberación del jurado, Aguilar fue declarado culpable de tres cargos de soborno y lavado de dinero. Los delitos conllevan una pena máxima de 30 años, lo que lo convierte en uno de los primeros operadores de materias primas que se enfrenta a una pena de prisión significativa por corrupción (los abogados de Aguilar, que argumentaron que fue un participante involuntario en una trama dirigida por otros, han dicho que apelarán el veredicto).

Sin embargo, las revelaciones del juicio se extendieron mucho más allá de Javier Aguilar y Vitol, ya que testigo tras testigo describió un periodo frenético de corrupción en Ecuador que se expandió por toda la industria del comercio de petróleo. El primer día, un antiguo funcionario ecuatoriano declaró rotundamente que había sido sobornado no solo por Vitol, sino también por Trafigura Group y Gunvor Group, tres de los cuatro mayores operadores independientes de petróleo (el otro miembro del cuarteto, Glencore Plc, no ha sido acusado de irregularidades en Ecuador, pero en 2022 se declaró culpable de otros cargos de corrupción en otros ocho países).

El testimonio pintó el panorama de una industria que ha seguido escribiendo sus propias reglas incluso cuando sus mayores empresas se han vuelto tan cruciales para la seguridad energética que Gobiernos desde Alemania hasta Arabia Saudí están ayudando a financiarlas. Los comerciantes operan con poca regulación o supervisión y, sin embargo, Vitol por sí sola es un gigante del comercio mundial, con ventas de hasta US$505.000 millones en 2022 que la convirtieron en la quinta mayor empresa del mundo por ingresos, solo por detrás de Walmart Inc., Amazon.com Inc., Saudi Aramco y la red estatal de energía china.

La desventaja era para Ecuador, roído por operadores de productos básicos corruptos que desviaron cientos de millones y posiblemente miles de millones de dólares de un país donde una cuarta parte de la población vive en la pobreza.

En algún punto, le preguntaron a Antonio Peré si alguna vez había ayudado a un cliente en un asunto gubernamental sin pagar un soborno a un funcionario. “No estoy seguro”, respondió. “No recuerdo ninguno”.

Bajito, macizo y con una abundante cabellera negra, este ingeniero químico mexicano era un operador relativamente joven de Vitol en Londres cuando, con unos 40 años, le ofrecieron un puesto que podría marcar su carrera: trasladarse a Houston, uno de los principales centros de la industria energética mundial, donde se le encomendó la tarea de encontrar y firmar nuevos acuerdos de comercio de crudo para hacer crecer el negocio de la empresa en América Latina.

La sede estadounidense de Vitol era un templo a la abundancia. Pocos años después de la llegada de Aguilar, instalaron una obra de arte gigante en un palco que daba hacia la mesa de dinero, con docenas de billetes de gran tamaño —dólares, euros, libras y pesos mexicanos—. Se llamaba Cash Flow.

En aquel momento, a mediados de la década de 2010, el principal campo de acción para cualquier operador petrolero en América Latina era Ecuador.

Ecuador es un productor de petróleo de tamaño medio, que extrae unos 500.000 barriles al día. Pero bajo el liderazgo del presidente de izquierda Rafael Correa, el país estaba desesperado por conseguir dinero.

En la industria de la comercialización de productos básicos, el petróleo y la desesperación son una combinación muy rentable, y los operadores capitalistas no tuvieron reparos en mostrar su apoyo a un Gobierno socialista. Correa había prometido eliminar a los intermediarios de las ventas de petróleo de Ecuador, pero Trafigura, Gunvor y otras empresas encontraron una forma de eludir esta política: la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador podía adjudicar contratos sin el proceso de licitación habitual, siempre y cuando la empresa del otro lado del trato fuera también de propiedad estatal.

Ante el tribunal, un antiguo funcionario de Petroecuador describió cómo Trafigura y Gunvor empezaron a utilizar empresas petroleras nacionales de China, Tailandia y Uruguay como fachadas para conseguir contratos petroleros favorables para ellos, lo que generó cientos de millones de dólares de beneficios.

La situación frustraba cada vez más a Vitol. Como mayor empresa del sector, su extenso negocio maneja cada día petróleo suficiente para abastecer a Alemania, Francia, Italia y España combinados. Pero, en Ecuador, se encontraba al margen y veía cómo sus rivales se apoderaban de lucrativos contratos.

Aguilar se propuso cambiar esta situación. Y el hombre al que recurrió, un día de mediados de 2015, fue Antonio Peré. Nacido en Guayaquil, la colorida ciudad portuaria de Ecuador, Peré había trabajado para el Gobierno ecuatoriano antes de convertirse en consultor y establecerse en Miami.

Cuando conoció a Aguilar, Peré y su hermano Enrique se habían convertido en la única vía de entrada para los operadores de petróleo que querían hacer negocios en Ecuador. En la práctica, eran un centro de intercambio de sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano.

Antonio, que entonces tenía 50 años, era sociable, tenía una entrecana barba de candado y un ingenio algo ácido (su nombre en clave en el FBI era Leonardo, “como Leonardo DiCaprio, pero gordo y viejo”, dijo al tribunal), tenía a cargo las relaciones clave de los hermanos con funcionarios y operadores. Enrique, calvo, fornido y taciturno, se encargaba de la contabilidad, y calculaba meticulosamente a quién se le debía qué.

Los hermanos Peré sabían hacia dónde dirigir los sobornos. Nilsen Arias, jefe de comercio internacional de Petroecuador, declararía más adelante que recibió sobornos a través de los hermanos para seleccionar a Vitol para el acuerdo, negociar las condiciones y finalizar el contrato.

Y los Peré sabían perfectamente cómo utilizar una empresa estatal como fachada para conseguir un buen negocio, porque ya habían ayudado a Trafigura y Gunvor a hacer precisamente eso.

Antonio preguntó si Vitol podría sugerir una empresa estatal que pudiera utilizarse como tapadera en un acuerdo con Ecuador. Aguilar tenía la respuesta: la unidad comercial de la petrolera estatal de Omán, que Vitol había ayudado a crear.

Y así, un día de diciembre de 2016, el avión presidencial de Ecuador aterrizó en Dubái. El ministro de Economía y el gerente general de Petroecuador habían llegado para firmar un contrato de venta de 17,1 millones de barriles de combustóleo a Omán, a cambio de un pago inicial (en realidad un crédito) de US$300 millones.

Una foto tomada para conmemorar la ocasión muestra a los funcionarios ecuatorianos en una sala de conferencias junto al director ejecutivo de Oman Trading International.

No había nadie de Vitol en la foto. Pero, según el testimonio ante el tribunal, era Vitol la que proporcionaría los US$300 millones, Vitol la que recibiría el combustóleo y Vitol la que vería los beneficios.

Todo el contrato había sido organizado por Javier Aguilar y Antonio Peré.

No hay indicios de que Oman Trading International, sus ejecutivos o empleados estuvieran implicados en ningún delito. En respuesta a solicitudes de comentario, un vocero dijo: “OQ Trading (antiguamente Oman Trading International) ha actuado en todo momento de conformidad con la legislación aplicable (incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.) en relación con el contrato de Petroecuador. OQT no fue parte de este caso legal, ni estuvo involucrado en actividades ilegales”.

Desde las nacionalizaciones de las industrias petroleras en Medio Oriente y Sudamérica en la década de 1970, el comercio de la energía ha ido de la mano de sobornos y comisiones ilegales. Los funcionarios públicos —mal pagados y con poder para adjudicar contratos por miles de millones de dólares— se dejaban tentar fácilmente, y los operadores de materias primas solían estar encantados de presentar la tentación.

Marc Rich, el fundador de la empresa que hoy es Glencore, fue sincero al respecto. “Los sobornos se pagaban para poder hacer negocios”, dijo a su biógrafo, Daniel Ammann, en respuesta a información de que había sobornado a funcionarios de Irán y Nigeria para conseguir contratos petrolíferos.

Los sobornos en el extranjero finalmente se proscribieron, incluso en países como Suiza, que durante muchos años había hecho la vista gorda, mientras que las empresas actuales han intentado distanciarse del pasado contaminado de la industria. A preguntas de periodistas, Vitol repetía que tenía una “política de tolerancia cero con respecto al soborno y la corrupción”.

Pero el juicio de Javier Aguilar demostró cómo los operadores modernos simplemente habían actualizado el planteamiento de Marc Rich para el siglo XXI. Al añadir más capas de intermediarios entre los operadores y los funcionarios corruptos del Gobierno, la industria ha alimentado un próspero submundo de “consultores” y “corredores” con cuentas bancarias en jurisdicciones offshore sospechosas.

“En nuestro país, en esa área, era sabido que para hacer negocios con el Gobierno, la mayoría de las veces había que pagar sobornos”, dice Antonio Peré.

Hanst, que ahora tiene 62 años, estaba muy alejado del elevado mundo de Aguilar y los Peré. Cuando él no estaba, bromeaban sobre su ingenuidad, su presión arterial alta y su forma de beber. “Él es nada más una herramienta, güey”, le dijo Aguilar a Antonio Peré en una llamada telefónica grabada por el Gobierno de Estados Unidos.

Hanst, nacido y criado en Curazao, había trabajado anteriormente para otros operadores internacionales de petróleo, incluidos Addax y Mercuria. Ahora, desde una habitación que le alquilaba a su hermano (que no ha sido implicado en estos asuntos), Hanst creaba empresas fantasma que redistribuirían el dinero de Vitol a más de una docena de intermediarios más.

Desde Curazao, el dinero era enviado a los Peré, quienes lo utilizarían para pagar a las autoridades ecuatorianas. Para darle al flujo de dinero un barniz de respetabilidad, Vitol firmó contratos de corretaje falsos con las empresas de Hanst, y Hanst emitió facturas falsas.

Más tarde, Aguilar describió a los hermanos Peré cómo le había presentado a Hanst un colega de Vitol que había trabajado anteriormente con él en Addax (ese colega, Marc Ducrest, ha sido descrito por los fiscales estadounidenses como cómplice del plan, pero no ha sido acusado de ningún delito. Ducrest declinó comentar sobre el caso).

“Ahí la persona en una isla”, recordó Aguilar. “Me sonó todo como muy... muy James Bond”.

Si el subterfugio hizo dudar a Aguilar, no lo demostró. De hecho, pareció disfrutar del drama y creó dos cuentas de correo electrónico para comunicarse con Hanst y los Peré con seudónimos que hacían referencia al nombre en clave de “007” de James Bond: “perezmarcos007@gmail.com” y “sixtotomas007@gmail.com”.

Los hombres se comunicaban en código y se referían entre sí mediante apodos. Aguilar, originalmente mexicano pero radicado en Texas, era “TexMex”. Antonio Peré era “Tuco”. Enrique, que se parecía a Bruce Willis, era “Bruce”. Arias era “El Gordo”.

A veces se volvía absurdo: se referían a Suiza como el “país del queso”. En lugar de nombrar a los competidores de Vitol, Trafigura y Glencore, hablaban de “la T y la G”.

Pero el dinero no era broma. Hanst se llevó una parte del 5% de todo el efectivo que fluyó a través de sus empresas fantasma. El propio Aguilar recibió sobornos de Hanst en sus cuentas personales por un total de más de US$600.000. Eso no era nada en comparación con el valor de sus acciones en Vitol, una sociedad propiedad de unos pocos cientos de empleados, que aumentó a más de US$75 millones en 2020.

Vitol no solo sobornó a funcionarios ecuatorianos a través de Hanst. Envió dinero a otro intermediario, quien lo entregó, a veces en un estacionamiento de Houston, a empleados de la petrolera estatal mexicana Pemex, quienes se enviaban mensajes entusiasmados sobre las entregas de “dulces por la fiesta”. Un intermediario venezolano pagó sobornos en nombre de Vitol a un alto funcionario de Citgo, el grupo refinador estadounidense propiedad de la compañía petrolera estatal de Venezuela, según el caso estadounidense contra Hanst.

Y no solo Vitol sobornaba a funcionarios ecuatorianos. Cuando a Nilsen Arias, gerente comercial de Petroecuador, se le pidió en el tribunal que nombrara otras compañías de las que había aceptado sobornos, recitó una lista de la industria mundial del comercio de petróleo: Trafigura, Petredec, Sargeant Marine, Gunvor y Noble Americas.

Gunvor y Sargeant Marine aceptaron cargos de soborno en Ecuador. Un portavoz de Trafigura dijo que la compañía “no era parte” del caso contra Aguilar y declinó hacer más comentarios. Noble declinó comentar, mientras que Petredec no respondió a solicitudes de comentarios.

El propio Arias recibió un total de US$13,5 millones en sobornos de varios operadores. Eso incluía un reloj Patek Philippe de oro de 18 quilates, que fue un soborno de Gunvor, mientras que el dinero de Vitol pagó una factura de diseño de interior de €120.000 a su casa en Portugal, el costo de instalar nuevos pisos de mármol y redecorar sus cuatro baños.

Él y Antonio Peré también nombraron a funcionarios ecuatorianos que habían aceptado sobornos, entre ellos el viceministro de finanzas y el jefe de gabinete del presidente (los dos fueron acusados como parte de una serie de casos anticorrupción en Ecuador en años recientes).

Pero fueron los Peré quienes obtuvieron los mayores márgenes. De los aproximadamente US$100 millones que admitieron haber recibido de operadores de petróleo que buscaban hacer negocios en Ecuador, los hermanos se quedaron con aproximadamente la mitad.

Es difícil cuantificar exactamente cuánto perdió el Gobierno de Ecuador como resultado, pero las ganancias generadas por los operadores suman muchos cientos de millones. Una investigación realizada por el Parlamento ecuatoriano en 2022 estimó que un conjunto de acuerdos petroleros de Petroecuador le había costado al país US$4.800 millones.

El contrato de combustóleo entre Petroecuador y Omán estaba terminando, pero Antonio confiaba en que podrían renovarlo.

“Aún estamos muy lejos”, advirtió Aguilar en un mensaje de WhatsApp en julio de 2019.

“Pero vamos a llegar a la meta”, respondió Antonio.

Eso era arrogancia. Mientras escribía esas palabras, el FBI se acercaba. Pronto, todo el plan de sobornos se derrumbaría.

En agosto de 2019, agentes allanaron las oficinas de Antonio Peré en el próspero suburbio de Coral Gables en Miami. Lo que encontraron puso al descubierto el papel de los Peré en el corazón de una vasta red de operadores de petróleo y funcionarios ecuatorianos corruptos: un tesoro de notas y documentos, incluidas hojas de cálculo que detallaban cómo se repartirían los pagos de sobornos en nombre de diferentes comerciantes de materias primas.

Enrique Peré entró en pánico y voló a España. Pero al cabo de unas semanas ambos hermanos Peré aceptaron cooperar con el Gobierno de Estados Unidos. Y entonces, el FBI empezó a escuchar las llamadas telefónicas de los Peré. Los hermanos grabaron numerosas conversaciones con Aguilar, así como con Arias (quien para entonces había dejado su puesto en Petroecuador) y tres operadores de Gunvor.

Durante el primer semestre de 2020, la red comenzó a estrecharse. Una investigación separada sobre corrupción en Brasil había apuntado a varias grandes casas de materias primas, incluidas Vitol, Trafigura y Glencore, y había nerviosismo entre los operadores.

“Hay que tener mucho cuidado de hacer, inclusive de sentarse a conversar de business. Cualquier cosa, háganlo afuera, ¡por Dios!”, pidió Arias en una llamada telefónica de enero de 2020 que, irónicamente, fue grabada por los Peré.

Al propio Aguilar le preocupaba cada vez más cómo evitar el escrutinio. En una llamada con Antonio, le explicó que había empezado a cargar un segundo teléfono personal para eludir los controles de cumplimiento de Vitol.

“Internamente, se ponen más esquizofrénicos”, dijo Aguilar. “Algunas personas nos han strongly recommended que procuremos no usar la computadora o el teléfono de la oficina, para ciertas cosas”.

Dentro de Vitol, la tensión aumentaba. La empresa se estaba demorando en realizar los pagos acordados y Aguilar atendía solicitudes periódicas de Antonio Peré y otros.

En marzo, la situación aún no se había resuelto y Aguilar se reunió con los Peré para almorzar en Houston. Lo que no sabía era que dos agentes del FBI estaban esperando cerca mientras Enrique filmaba en secreto el encuentro. Vitol no creía que los investigadores del Gobierno tuvieran ninguna evidencia en su contra, dijo Aguilar, pero estaba cerrando todas sus estructuras existentes como medida de precaución. Después de eso, el dinero se pagaría desde una nueva estructura, indicó.

“Mi nombre es Paul Zukas, del FBI”, dijo el hombre, guiando a Aguilar a una habitación sin ventanas. Le mostraron una fotografía de su almuerzo en Houston con los hermanos Peré. Ese mismo día se presentó una orden de arresto contra él.

Al final, resultó que el Gobierno de Estados Unidos tenía abundantes pruebas contra Vitol. En diciembre de 2020, la empresa firmó un acuerdo de procesamiento diferido, pagando US$164 millones tras admitir que había sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil durante un período de 15 años. En respuesta a una solicitud de comentarios para esta historia, la compañía se refirió a una declaración hecha en ese momento por el director ejecutivo Russell Hardy de que Vitol “está comprometida a respetar la ley y no tolera la corrupción ni las prácticas comerciales ilegales”.

Los Peré, Hanst y Arias se declararon culpables, al igual que Gunvor, que este mes acordó pagar US$662 millones para resolver las acusaciones de Estados Unidos y Suiza de soborno en Ecuador. “Gunvor cometió errores en ese momento, los cuales lamentamos y hemos trabajado diligentemente para corregirlos”, dijo el presidente, Torbjörn Törnqvist, en un comunicado.

El propio Aguilar, que ahora tiene 50 años, enfrenta hasta 30 años de prisión, aunque es probable que la sentencia sea significativamente menor que ese máximo. También deberá ser juzgado en un caso separado en Houston por cargos de soborno en México.

Si su apelación falla, será el primer operador de materias primas en una generación en ir a la cárcel por corrupción. Pero puede que no sea el último. Exoperadores de Glencore y Gunvor ya se han declarado culpables y están a la espera de sentencia, mientras que hay casos e investigaciones separados en el Reino Unido y Suiza dirigidos a antiguos altos ejecutivos de Glencore y Trafigura.

Es muy pronto para decir si los casos cambiarán fundamentalmente algo en la forma en que funcionan los operadores de materias primas o el nivel de corrupción en países ricos en petróleo como Ecuador.

Adrià Budry Carbó, investigador de la ONG suiza Public Eye que ha escrito extensamente sobre la industria de los traders, señala que cuatro de los cinco gigantes operadores de petróleo con sede en Suiza han estado involucrados en casos de corrupción actuales o muy recientes. “Es una señal muy fuerte de que algo anda mal en esta industria”, afirma.

Las conversaciones escuchadas entre Aguilar y los Peré sugirieron que los esquemas de soborno eran parte del procedimiento operativo estándar de Vitol. En varias ocasiones, Aguilar se refirió a otros “vehículos” en otros lugares que eran similares a las empresas de Hanst. “Déjame ver si hay un ‘Lionel’ allá con el cual te pueda poner en contacto”, le ofreció en un momento a los Peré.

El dinero para Hanst fue transferido desde una cuenta bancaria de Vitol en Londres por el personal de la oficina de Vitol en Ginebra. Esas transferencias, que eludían los sistemas normales de la empresa, solo podían realizarse con la aprobación del equipo de cuentas de Vitol.

Vitol y los demás operadores han reaccionado con revisiones a sus procedimientos internos, contratando grandes equipos de funcionarios de cumplimiento y abriendo líneas directas para denunciantes. Glencore pasó el año pasado con dos abogados designados por el Departamento de Justicia evaluando la eficacia de su programa anticorrupción. En Vitol, ya no es posible realizar pagos fuera del sistema de cumplimiento de la empresa, sin importar el nivel superior que tenga.

Varios grandes operadores, entre ellos Trafigura y Gunvor, dicen que han puesto fin al uso de agentes externos para conseguir negocios, es decir, consultores como los Peré, cuya función oficial es conseguir acuerdos en partes complejas del mundo, pero que representan un alto riesgo de corrupción.

Vitol, sin embargo, todavía utiliza agentes, testificó un ejecutivo ante el tribunal (un portavoz de Vitol afirma que “en ocasiones y en el marco adecuado, puede ser conveniente recurrir a intermediarios”).

Y en momentos de descuido, los operadores de toda la industria todavía cuentan historias de funcionarios gubernamentales que encontraron formas de pedir sobornos. Sin embargo, los acuerdos de alguna manera todavía se cierran.

Estados Unidos está cantando victoria. “Hemos transformado la industria del comercio de energía”, dijo la fiscal general adjunta interina Nicole Argentieri en un discurso anteriormente este mes. Pero otros no están convencidos.

“Cuando llegaron las primeras acusaciones, todos afirmaron que no habían hecho nada malo; cuando hubo una investigación dijeron que no podían comentar; y luego, cuando termina dicen que las acusaciones son antiguas y que la empresa ha cambiado”, afirma Budry Carbó. “Lo único que está cambiando es el nivel de sofisticación de los planes”.

This is a Spanish translated version of The Big Take, our daily fixture showcasing the very best of Bloomberg News. Read more from The Big Take here. It was translated from English to Spanish by Paola Torre and Malu Poveda.