Por Noris Soto con la colaboración de Andrew Rosati y Nathan Crooks.

Los partidos de oposición en Venezuela planean participar de las elecciones regionales para gobernador, incluso cuando el presidente del país, Nicolás Maduro, y sus aliados continúan una campaña de persecución política contra ellos. La decisión, señalan los líderes disidentes, representa un desafío; para el régimen, es un acto de sumisión.

“El tema no es si participamos o no, pero qué decisión contribuye más a superar este régimen dictatorial”, dijo Andrés Velásquez, líder de la oposición, en una conferencia de prensa celebrada en Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática, la principal coalición que lucha contra la autocracia socialista de Maduro. “Es nuestro deber participar. Al no hacerlo, estaríamos validando la dictadura”.

Las elecciones del 10 de diciembre, que debieron ocurrir el año pasado, se producirán en medio de casi cinco meses de protestas contra el gobierno que han dejado más de 100 muertos y después de que Maduro instalara una asamblea ampliamente criticada para reescribir la Constitución del país. Desde entonces, la asamblea ha reclamado poder supremo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, uno de los principales aliados de Maduro, dijo en Twitter que la decisión de la oposición de postular candidatos a las elecciones regionales fue una aceptación de la legitimidad del gobierno.

“Saludamos que después de 3 meses de terror, la oposición haya abandonado la violencia y se encauce por la vía electoral y democrática”, escribió en su cuenta en Twitter.

Opción angustiosa

La oposición se abstuvo de las elecciones para delegados para la llamada Constituyente y después acusó al gobierno de exagerar los resultados por millones de votos, un reclamo respaldado por la empresa que suministra al gobierno máquinas de votación. Maduro ha dicho que el cuerpo, que operará durante al menos dos años sin voces disidentes, despojará de la inmunidad legal a la Asamblea Nacional que se ha opuesto a él. Los miembros también planean establecer una “comisión de la verdad” que funcionará como un tribunal.

“Es una situación difícil para la oposición”, dijo Carlos Romero, analista político de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. “Deben seguir intentando participar en todos los procesos para aumentar sus poderes en un gobierno cada vez menos democrático”.

La oposición de Venezuela boicoteó las votaciones bajo el gobierno del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, cediendo así poder al gobierno, pero nunca provocando la esperada respuesta de rechazo internacional. En 2005, la mayoría de la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias resultando en una casi mayoría para Chávez en el Congreso. La Asamblea luego le dio poder a Chávez para promulgar algunas de sus políticas más polémicas, incluyendo la abolición de los límites a los periodos presidenciales, la redistribución de tierras y la nacionalización de grandes franjas de la industria petrolera.

En 2015, después de ganar una súper mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición vio los poderes del cuerpo sistemáticamente desafiados y finalmente despojados por el Tribunal Supremo de Justicia leal a Maduro.

Erosión de la economía

La ruptura con la democracia se ha producido cuando la economía, que había florecido gracias a la riqueza petrolera, se desmoronó en medio de una inflación de tres dígitos. Los precios del petróleo están la mitad de hace solo tres años, y la producción de crudo ha disminuido en un país que obtiene 95 por ciento de sus ingresos de exportación de ese recurso. Las reservas extranjeras están a un mínimo de 15 años en alrededor de US$10.000 millones, y el país y la petrolera estatal PDVSA deben pagar alrededor de US$13.000 millones en deuda antes de finales de 2018.

Conforme la sociedad se hundió en el caos y la delincuencia, Maduro ha dado pasos para consolidar el poder. El Consejo Nacional Electoral ya ha tomado medidas preventivas para poner a la alianza de oposición en desventaja en las elecciones regionales, decidiendo que no puede postular candidatos a siete estados, incluido Zulia, el más poblado.

Pero Jorge Millán, legislador del partido Primero Justicia, dijo en una entrevista que las partes deben ser un freno, y pueden lograr victorias simbólicas en un régimen centralizado.

“El gobierno no quiere hacerse responsable”, dijo Milán. “Están celebrando elecciones para ganar una legitimidad que no tienen sin que participemos”.

El camino de la oposición fuera del sistema electoral es desgarrador y arriesgado. Las protestas están cada vez más dominadas por los manifestantes más militantes y violentos. Este fin de semana, un grupo de soldados disidentes portando armas de fuego de una base militar, prometió una lucha intensificada.

El miércoles, la oposición se mantuvo -por ahora- con papeletas en lugar de balas.

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